Hay leyes que solucionan problemas. Hay otras que los crean. También están las que hacen ambas cosas.
Es lo que ocurre con la ley 17.829 que soluciona problemas en algunos ámbitos, pero los creó en el ámbito de los seguros de vida.
En años anteriores, miles de compatriotas excedieron en tal medida su capacidad de endeudamiento personal, que llegaron a autorizar retenciones -en muchos casos- sobre el 100% de sus salarios.
Esto derivó en situaciones dramáticas, con ejemplos de funcionarios que concurrieran a las oficinas para pagar deudas aunque su sobre viniera completamente vacío a fin de mes, o de trabajadores que fueron alimentando el torrente ausentista por carecer, directamente, de medios para financiar su traslado hasta el lugar de trabajo.
La ley 17.829, aprobada en 2004, pretendió; poner un límite a esta problemática. Establece que ningun asalariado o pensionista podra percibir, en efectivo, menos del 30% de su retribución.
Del restante 70%, se pueden realizar retenciones para pagar a acreedores que la ley identifica y prioriza. Ellos son los que tengan derechos por pensiones alimenticias, las garantías de alquileres, los créditos sociales del BROU, cuotas del BHU y de la cobertura de salud.
No figuran en esa priorización que estableció la ley, las cuotas de los seguros de vida contratados por miles y miles de trabajadores, activos y pasivos.
Como las aseguradoras -en virtud de los nuevos topes legales- dejan de cobrar los premios correspondientes, no tienen otro camino que dar de baja las pólizas. El problema es de atender ayer.
En el caso del Banco de Seguros, se trata de casi cinco mil contratos que tienen como destino la baja. En concreto, probablemente cinco mil familias queden sin el respaldo de esta cobertura construida a lo largo de muchos años en un típico caso de ahorro popular.
Nos consta el esfuerzo que viene realizando APROASE y su presidente Lorenzo Paradell para revertir esta situación. Sabemos que a nivel de la subsecretaria del Ministerio de Trabajo se trabaja en una fórmula que enmiende la omisión legal.
Hay que solucionar esto cuanto antes y además otorgarle el correspondiente efecto retroactivo. Es que no podemos seguir con el sistema en que para cada solución encontramos un problema.
DIEGO MARTINEZ / DIRECTOR
